La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera que la nueva normativa de escolarización es profundamente dañina para la igualdad de oportunidad y vulnera la legislación vigente, por lo que merece el mayor de los rechazos y la realización de actuaciones legales que la frenen y eviten que sean los centros educativos los centros educativos los que seleccionen al alumnado en lugar de las familias las que elijan el centro educativo.
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